Le preguntamos al ChatGTP cuáles serían las acciones que se deberían implementar para mejorar la inseguridad en el país, y esto respondió

La inseguridad en Ecuador es el tema que más inquieta por estos días a los ciudadanos. Los asesinatos, los robos, secuestros, extorsiones y demás hechos delictivos que ocurren constantemente a lo largo y ancho del territorio nacional, tienen en alerta a la comunidad, autoridades e incluso al espectro internacional que empieza a notar la compleja situación que afronta el país.

La inteligencia artificial, una de las herramientas tecnológicas que más está dando de que hablar en estos tiempos, no solo es un instrumento para entretener a los internautas, sino que también para obtener respuestas a preguntas complejas.

Le preguntamos al ChatGTP: ¿Cómo acabar con la delincuencia en Ecuador?,

y respondió con siete acciones concretas y entregó la siguiente conclusión: “Poner fin al crimen en Ecuador requiere un enfoque multifacético que involucra la colaboración entre las agencias gubernamentales, las comunidades y los ciudadanos. Tomará tiempo, esfuerzo y recursos, pero es posible tener un impacto significativo en la reducción de los índices de criminalidad en el país”.

1. Fortalecer la aplicación de la ley: 

es importante equipar a las agencias de aplicación de la ley con los recursos, la tecnología y la capacitación adecuados para mejorar su capacidad de prevenir y resolver delitos. Esto puede incluir aumentar la cantidad de oficiales de policía, invertir en mejores equipos y mejorar los sistemas de comunicación entre las agencias.

2. Abordar la pobreza: 

la pobreza y la desigualdad a menudo están vinculadas a las tasas de criminalidad. Abordar la pobreza a través de programas sociales y desarrollo económico puede ayudar a reducir el crimen al mejorar el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades laborales.

3. Mejorar la educación: 

la educación puede ser una herramienta poderosa para prevenir el crimen. Brindar educación y capacitación vocacional de calidad a los jóvenes puede ayudar a evitar que se conviertan en una vida delictiva.

4. Centrarse en la rehabilitación: 

en lugar de solo castigar a los delincuentes, se deben hacer esfuerzos para rehabilitarlos. Esto puede implicar brindar asesoramiento, educación, capacitación laboral y otros servicios de apoyo para ayudar a reintegrar a los delincuentes en la sociedad.

5. Fomentar la participación de la comunidad:

 la participación de la comunidad es esencial para prevenir y reducir la delincuencia. Se debe alentar a los ciudadanos a denunciar actividades sospechosas y trabajar con las fuerzas del orden público para mantener seguros sus vecindarios.

6. Fortalecer el Sistema Judicial: 

El sistema judicial juega un papel vital en hacer cumplir las leyes, castigar a los delincuentes y brindar justicia a las víctimas. Es necesario fortalecer el sistema para garantizar que se haga justicia con justicia y prontitud.

7. Reducir el tráfico de drogas: 

Ecuador es un importante país de tránsito para el tráfico de drogas. Reducir el narcotráfico puede ayudar a reducir los índices de criminalidad en el país. Esto puede implicar aumentar la seguridad fronteriza, fortalecer la aplicación de la ley y colaborar con otros países para combatir el tráfico de drogas.

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A pocos días que concluya el primer trimestre de 2023, el país ha vivido uno de los períodos más violentos de su historia en materia de seguridad. Según Registros del Ministerio del Interior en los 365 días de 2022 hubo 4.603 homicidios, eso significa un promedio 10,4 casos diarios de 25, por cada 100.000 habitantes, según informó el portal Primicias. Mientras en lo que va el año 2023, el promedio diario es de 17,4 casos. Si esta media se mantiene, se podría cerrar el año con más de 6.300 crímenes y una tasa de 34 casos por cada 100.000 habitantes.

POTENCIALES DISTRITOS PROBLEMA EN ECUADOR

Juan Zapata, ministro del Interior, dijo sobre el tema al medio de comunicación Primicias que el problema está localizado principalmente en 15 distritos del país: Prosperina, Sur de Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, Pascuales, Manta, Portete, Esteros, Florida, Portoviejo, Milagro, Salinas, Durán y Balzar. En estos distritos se genera entre el 80 y 85% de las muertes totales en el país.
En estos distritos la pelea se da por dominio del territorio. “Es claro que existe una guerra declara entre bandas en las que inclusive se han perdido los códigos”. Con esto se refirió a que las muertes ya no son selectivas, no les interesa quien está alado de los objetivos, si están niños o familias. Se han perdiendo los códigos, recalcó a Primicias.

“Ruta de las drogas”

El Gobierno justifica el crecimiento de las muertes entre 2022 y 2023 debido a la guerra entre bandas que se disputan el control del territorio y del mercado del narcotráfico y el microtráfico de drogas. Las cifras oficiales apuntan que el 80% de estos asesinatos se dan en las llamadas “rutas de las drogas”. Se trata de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Control de Armas y Municiones como Contención

Zapata, mencionó que es imposible que las muertes violentas se detengan, pero el objetivo es contenerlas y luego empezar a reducirlas. La prioridad sería el control de las armas y municiones que se mueven en el mercado ilegal. Para fortalecer esta área, el Gobierno ecuatoriano firmó un convenido con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés). El objetivo de este acuerdo es determinar la trazabilidad de las armas y de las municiones que terminan en las manos de los delincuentes. La idea es rastrear las fábricas de donde salen las armas para determinar cuáles son las rutas que siguen para ingresar al país.
Acciones inmediatas

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA

“Hemos generado la estrategia contra la violencia. Porque la policía tiene que enfocarse en las nuevas dinámicas: secuestro, extorsión y muertes violentas”. Para ello se van a construir 100 UPC (Unidades de Policía Comunitaria) y seis UVC (Unidades de Vigilancia Comunitaria). Las primeras 35 UPC serían entregadas a finales de 2023, 10 más en agosto, y el resto en lo que va el año, señaló a Primicias. Las UVC son más grandes tienen una capacidad para 200 a 300 policías y estarían previstas para marzo de 2024.

En el tema de los vehículos, dijo que entregarán algunos que no son nuevos, van a ser repotenciados, pero saldrán como nuevos. Estarán en las zonas más conflictivas. Por ejemplo, la zona 1 de Esmeraldas, tiene 180 patrulleros y vamos a dar 100 más de estos repotenciados. Estos ayudarán hasta que se renueve la flota”,

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Los tipos de delitos se han diversificado. Aparte de muertes violentas, la población se enfrenta a extorsiones, secuestros, y atentados con explosivos como los carros bomba. “Es una serie de delitos que antes no eran comunes en nuestro país”, explica la socióloga experta en análisis de la opinión pública, Paulina Recalde. “Este tipo de eventos sube en intensidad, se concentra en un período de tiempo más corto, llega a lugares del país dónde antes eso no sucedía”, afirma para France 24, haciendo alusión al asesinato de Fernando Villavicencio en la capital misma del país. 

El 60% de la población considera que el principal problema del país es la inseguridad. El año pasado, sólo lo pensaba el 22%. Es un salto enorme, la seguridad ocupa toda la preocupación de la población, señala la analista. 

Las cárceles se han convertido en centros de la violencia. Los motines muchas veces derivan en masacres, siendo la más reciente la del 25 de julio en la principal cárcel de Guayaquil, en la que murieron 31 reclusos. Las autoridades adjudicaron el origen de la violencia a confrontaciones entre grupos criminales opuestos dentro de la misma prisión. Recalde detalla que incluso tras su muerte, “los privados de libertad siguen en condiciones muy graves, difícilmente se identifican sus nombres ni se entregan sus cuerpos a sus familiares”. 

Analistas y grupos internacionales de derechos humanos critican, en paralelo, la débil respuesta del Estado. También señalan casos de corrupción dentro de las fuerzas del orden, factor que explicaría el ingreso de municiones a las cárceles. 

Sin embargo, en el 2015, el centro de investigación InSight Crime publicaba un artículo titulado: ‘De cómo Ecuador está disminuyendo su tasa de homicidios’. El país se había puesto como objetivo pasar de una tasa de 15 a cinco homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2011 y 2017. Pero en 2022, la tasa fue de 25, la más alta registrada en el país en los últimos años. ¿Qué explica el giro a la violencia?

Ecuador, un centro de las redes de narcotráfico 

Según datos de la Policía, en marzo de 2022, el 80% de los asesinatos en Ecuador fueron provocados por enfrentamientos de grupos criminales, que buscan obtener el “control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína”, analiza Crisis Group. 

La violencia provocada por el narcotráfico en Ecuador se teje en el marco de redes criminales transnacionales. Algunas de las principales bandas de narcotráfico son Los Choneros, Los Lobos, y Tiguerones. Los Choneros, el grupo que amenazó a Fernando Villavicencio y que opera principalmente en Manta, ciudad de la que era alcalde Agustín Intriago, trabaja para el Cartel de Sinaloa. Mientras que los otros grupos lo hacen para el Cartel Jalisco Nueva Generación. 

Ecuador ya era un espacio de tránsito para los narcotraficantes, pero en los últimos años se convirtió en un centro de acción. En parte, debido a cambios en las leyes en Colombia. Reuters explica que, en Ecuador, las leyes eran menos estrictas. En agosto del año pasado, la Policía incautó alrededor de 3,5 toneladas de cocaína, saliendo del puerto de Guayaquil en contenedores de bananas destinadas a Europa. 

Crisis Group explica que la dolarización de la economía ecuatoriana facilita el lavado de dinero, otro factor atractivo para los narcotraficantes. 

Carolina Andrade Quevedo, secretaria de Seguridad de Quito, denunció en una entrevista a France 24 que la economía criminal estaba infiltrando la economía ecuatoriana. «Sabemos que son 5.400 millones de dólares lo que manejan actualmente las economías criminales, y de lo cual cerca de 2.100 millones se lavan en la economía ecuatoriana», detalló. 

Crisis Group recapitula: «La reconfiguración de las cadenas transfronterizas de suministro de drogas y una serie de fallas institucionales, en particular en el sistema penitenciario, han convertido a Ecuador en un destino predilecto para el tráfico de drogas y el lavado de activos por parte de grupos criminales».

Las cárceles de Ecuador, focos de la violencia armada

La población carcelaria pasó de 11.000 en 2009, a 40.000 en 2021, según datos recopilados por el medio local ‘Primicias’, y el 27% de los hombres estarían encarcelados por venta o posesión de drogas. 

Organizaciones de derechos humanos denuncian que, en las cárceles, personas arrestadas por delitos menores son altamente vulnerables a reclutamientos forzosos para el crimen organizado. 

“Muchos detenidos, incluso aquellos en prisión preventiva o condenados por delitos menores, son obligados a trabajar con organizaciones criminales para preservar su integridad física o acceder a artículos de primera necesidad, como colchones, ropa de cama e insumos de salud”, denunciaba Human Rights Watch en un informe de julio de 2022.

Se estima que desde el 2020, casi 500 personas han muerto violentamente en las cárceles del país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció “niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, [que responden] al abandono estatal del sistema penitenciario”.

Precisamente para aportar una respuesta a la crisis carcelaria, el presidente Guillermo Lasso creó una comisión especial para investigar la situación. El grupo de expertos concluyó que el 10% de los funcionarios del sistema penitenciario se beneficiaba de pagos mensuales por parte del crimen organizado.

“En el caso ecuatoriano, las cosas se han ido de las manos por la corrupción, por el nivel de injusticia que vivimos. Es injusticia institucionalizada”, declara Santiago Argüello, experto en criminología y derechos humanos. “La injusticia incide en la violencia que ocurre dentro de las cárceles”, afirma para France 24.

Por su parte, Recalde agrega que, en los últimos años, el sistema penitenciario se había salido de las manos del control civil. Es decir, había pasado de estar bajo el control de instituciones del Estado —de civiles en el poder público— a ser administrado por la Policía. Además, aclara que en los estallidos de violencia en las cárceles se han encontrado armas muy sofisticadas, y cuestiona la manera en que las municiones continúan llegando a las manos de los reclusos. 

Las criticadas respuestas del Estado

El Gobierno de Guillermo Lasso ha declarado varios estados de emergencia en los últimos dos años. Medidas como patrullas militares en las calles y toques de queda se aplican con la intención de manejar los puntos álgidos de la crisis de seguridad. En abril de 2023, el presidente dio a conocer que había modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas para la autodefensa, una decisión que fue fuertemente criticada. Sin embargo, luego el ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara, afirmó que el porte seguiría sujeto a los estrictos controles y requisitos que existían previamente.

Andrade Quevedo critica, principalmente, la falta de inversión en seguridad por parte del Estado. «Ha habido puntos de quiebre, pero pese a ello no ha habido un cambio de rumbo, un cambio de prioridades presupuestarias, una inversión en seguridad: estamos a la deriva como país», asegura.

La secretaria de Seguridad de Quito explica que, en 2022, del presupuesto de 200 millones de dólares destinado a seguridad, sólo se ejecutó un 30%. De los 30 millones destinados específicamente al manejo de las cárceles, sólo se hizo uso del 21,8%. “La Policía está esperando algo tan básico como chalecos antibalas”, asegura. 

El Gobierno ecuatoriano no ha privilegiado la inversión en la sociedad, frente a medidas para reducir el gasto público y saldar deudas con acreedores internacionales, coinciden en su análisis Crisis Group, Andrade Quevedo y Recalde. 

Se trata, según explican, de unos eventos en cadena: la ausencia del Estado y la falta de protección social de la población la ponen en una situación de alta vulnerabilidad frente a las bandas del crimen organizado. Argüello y Andrade suman la crítica de la falta de inversión en investigación sobre la criminalidad: una medida que contribuiría al diseño de políticas públicas adaptadas a combatirla. 

De cara a las próximas elecciones, impera un sentimiento de inseguridad. Se teme que no se garantice la vida de los candidatos y la incertidumbre es latente, ya que la ciudadanía deberá «concurrir a las urnas el 20 de agosto cuando se vive tal nivel de terror en el país», sentencia Recalde.

Por otro lado, existen demandas compartidas por la población para los candidatos hacia la carrera presidencial: que se avance en las investigaciones de los asesinatos, en los casos de corrupción y en vínculos del Estado con el narcotráfico.

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